El estado de derecho y los "otros"
La discusión y aprobación de la nueva Directiva europea sobre inmigración ha coincidido con una clase práctica en la facultad en la que hablábamos de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933. El paralelismo es clarísimo en varios puntos.
En 1933, la República española gobernada por las izquierdas aprobaba una ley que permitía encerrar en centros de trabajo a "vagos habituales", alcohólicos, mendigos y, en general, "personas "por su especial tendencia al delito". Se trataba de una ley que vulneraba la misma constitución de 1931 y que debía haber sublevadla conciencia de los juristas demócratas. Pero ninguna persona ni institución llevó la norma delante del Tribunal de Garantías constitucionales. Existía un consenso general (la ley se aprobó por unanimidad) sobre la necesidad de actuar sobre una masa de población que molestaba la visión demasiado utópica que del orden social y económico tenían las éltes del momento. Había consenso en la necesidad de ayudar a estos sujetos del "Lumpenproletariat" incluso en contra de su voluntad y vulnerando sus derechos y libertades.
Los juristas callaron. La ley fue adoptada sin problemas por el legislador del Fraquismo que extendió su aplicación a los homosexuales.
Hoy probablemente estemos ante un fenómeno diferente. Para hacer frente a una situación identificada como problemática, la producida por la inmigración ilegal, hemos decidido medidas extraordinarias. Una es el internamiento de inmigrantes ilegales por un periodo que puede llegar en casos a los dieciocho meses. De nuevo, como en los años treinta, estamos delante de un caso de privación de libertad a personas que no han cometido ningún delito pero que son diferentes.
Está por ver si los juristas también callaremos en esta ocasión sobre la razón por la que permitimos que los derechos de un colectivo sean vulnerados.
En 1933, la República española gobernada por las izquierdas aprobaba una ley que permitía encerrar en centros de trabajo a "vagos habituales", alcohólicos, mendigos y, en general, "personas "por su especial tendencia al delito". Se trataba de una ley que vulneraba la misma constitución de 1931 y que debía haber sublevadla conciencia de los juristas demócratas. Pero ninguna persona ni institución llevó la norma delante del Tribunal de Garantías constitucionales. Existía un consenso general (la ley se aprobó por unanimidad) sobre la necesidad de actuar sobre una masa de población que molestaba la visión demasiado utópica que del orden social y económico tenían las éltes del momento. Había consenso en la necesidad de ayudar a estos sujetos del "Lumpenproletariat" incluso en contra de su voluntad y vulnerando sus derechos y libertades.
Los juristas callaron. La ley fue adoptada sin problemas por el legislador del Fraquismo que extendió su aplicación a los homosexuales.
Hoy probablemente estemos ante un fenómeno diferente. Para hacer frente a una situación identificada como problemática, la producida por la inmigración ilegal, hemos decidido medidas extraordinarias. Una es el internamiento de inmigrantes ilegales por un periodo que puede llegar en casos a los dieciocho meses. De nuevo, como en los años treinta, estamos delante de un caso de privación de libertad a personas que no han cometido ningún delito pero que son diferentes.
Está por ver si los juristas también callaremos en esta ocasión sobre la razón por la que permitimos que los derechos de un colectivo sean vulnerados.
